Vivir “en” democracia

fotoEl encomillado del título obedece a que, según mi parecer, no es lo mismo -para los ciudadanos- vivir “en” democracia que vivir “con” democracia. Aunque suelen usarse como sinónimos.

Me explico. Vivir “con” democracia apunta al establecimiento y a la aceptación de un sistema donde, según la Constitución escrita, el poder de decisión reside en el pueblo y es transferido a determinadas instituciones y/o personas para que, en nombre de ese mismo pueblo, se esfuercen por el mejor y mayor bien de la población.

Vivir “en” democracia expresa que los postulados contenidos en la Constitución escrita se ven realizados, palpablemente y con toda verdad, en la vida diaria de los ciudadanos.

Veamos dos ejemplos

Nuestra Constitución Nacional establece que el sistema de gobierno adoptado por la Nación Argentina es el republicano, representativo y federal. Es decir, existe división de poderes institucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), siendo los territorios provinciales “estados confederados”.

En la verdad de los hechos, ¿esto es y funciona así o el sistema implementado es prácticamente unitario y dependiente de la ciudad-puerto (Buenos Aires), como lo ha sido en casi los doscientos años desde la independencia? Además, ¿existe -en la Nación y en las provincias- una real “división de poderes institucionales?

Otro. Nuestra Constitución postula que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley” y que todos tenemos los mismos derechos e iguales responsabilidades. Además, enumera toda una serie de derechos individuales, familiares, sociales y colectivos.

¿Todos somos iguales a la hora de recibir una igual retribución pecuniaria por un mismo trabajo? ¿Todos pagamos los debidos impuestos y tasas, nacionales y provinciales? ¿No existen privilegios debidos al estatus, al tráfico de influencias, al amiguismo, al parentesco?

Vivir en democracia significa, ni más ni menos, que todas y cada una de las personas poseen, “como propio e inalienable”, el derecho a disponer de aquellos elementos que posibiliten llevar adelante una vida humana digna de tal nombre.

Desde el derecho primario a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a formar una familia, a una jubilación acorde con los aportes realizados y a vivir sin necesidades básicas insatisfechas. De donde se deriva que:

– Todo aquello que la “madre tierra” -a través de millones de años- ha ido realizando y preparando para posibilitar la vida humana, y que hemos encontrado al nacer, pertenece a “todos” los seres humanos: los de antes, los de ahora y los que vendrán. Así con la tierra, el agua, el ecosistema, los vegetales, los animales, el aire puro, los alimentos naturales.

– Un destacado especial merece el tema del agua, tema tan apremiante en nuestra Mendoza. Ya es norma mundial que “el acceso al agua es un derecho humano fundamental”.

Que el agua esté expresamente garantizada como un derecho humano fundamental tiene implicancias prácticas muy concretas, sobre todo a la hora de establecer prioridades en su uso y restringir su privatización. En la Mendoza actual es altamente irresponsable pretender la apropiación del agua para otros fines que no sean el consumo humano, la agricultura y la producción de energía eléctrica.

– Los caminos públicos cumplen una misión fundamental tanto para garantizar la libre circulación y comunicación de las personas como para el acceso a los bienes naturales de dominio público -como son los ríos, los lagos, los mares, las montañas-; contribuyen, además, a preservar los ecosistemas.

Es altamente injusto que se suprima el carácter de “calle o camino público” a ciertas franjas de terreno colindantes con ríos, lagos mares y montes, porque ello niega la posibilidad del acceso a los mismos por parte de todos los ciudadanos.

Lo mismo dígase de las calles y veredas públicas de los denominados barrios privados y de la utilización del suelo mendocino con base en una Ley aprobada hace trece (13) años y que continúa “en estudio” desde aquel entonces.

– Las etnias originarias que habitan en nuestro país no son comparables a una ONG o a un consorcio de edificio. Esas comunidades -por cultura y tradición- viven agrupadas colectivamente, así como el uso de la tierra también es común y nadie se considera propietario individual de las mismas. La reformada Constitución de 1994 reconoció estos hechos y derechos, lo mismo que el Convenio 169 de la OIT que tiene jerarquía supralegal.

Por lo que se deberían imponer no sólo mayores restricciones al dominio de esas tierras por parte de terceros -en un todo de acuerdo a la función “ambiental” y “comunitaria” de la propiedad- sino también aquellos principios generales que apuntan al progresivo e imprescindible proceso de desmercantilización de la naturaleza.

Ésta, no sólo aparece como un recurso inmerso en un sistema económico orientado al “desarrollo” o meramente como un objeto susceptible de “apropiación privada” sino como un bien común que preserva la producción y reproducción de la vida.

En contraposición a esta visión, en América Latina está tomando cada vez más fuerza la noción de “bienes comunes”. La transición del concepto de recursos naturales al de bienes comunes conlleva otra mirada y otra puesta en práctica de la democracia.

Si los bienes son considerados comunes, esto no sólo garantizará su real y pleno goce colectivo sino que ni los particulares ni los Estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos, lo cual exige que las comunidades participen en la toma de decisiones, en una cogestión, y que su voluntad sea decisiva.

En definitiva, la verdadera democracia conlleva la utilización, por parte de todos, de los bienes que son comunes: sean éstos materiales y tangibles, como culturales.

El autor es sacerdote católico, miembro del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

Vicente Sebastián Reale es sacerdote católico adscripto a la diócesis de Mendoza-Argentina. Fue ordenado en mayo de 1962 y ha tenido distintas labores pastorales en la diócesis, como: párroco, miembro de varios equipos de pastoral, actuación en varios Medios de Comunicación. En los años '70 perteneció al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo de Argentina. En la actualidad, forma parte de los Curas en Opción por los Pobres, que es continuación del MSTM. Referido a la Opción por los pobres, ha intervenido personalmente -junto a sus comunidades- en la erradicación de varias Villas Inestables (favelas) ubicadas en distintas parroquias. En la actualidad, atiende a los pobladores de un barrio muy humilde ubicado en los alrededores del aeropuerto de Mendoza.

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