Nota de la Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil sobre la misión a la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte

Plataforma DhescaLa Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil compone el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue criado por medio de la ley 12.986, del 2 de junio de 2014. El CNDH, en abril de 2015, recibió del Movimiento de los Afectados por las Crecidas/MAB la denuncia sobre violaciones de Derechos Humanos que estarían sucediendo en las ciudades de Altamira/PA y Victoria de Xingu/PA en consecuencia de la instalación de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte.

El relato final de la misión deberá ser presentado en la próxima reunión ordinaria del CNDH (23 y 24 de julio de 2015) donde constarán, más allá del relato de la misión, las violaciones de derechos de la población afectada ya constatadas, por incumplimiento del PBA, más allá de un conjunto de recomendaciones a ser atendidas con vistas a garantizar la protección de Derechos Humanos de la población afectada.

Lo que se espera en este momento del CNDH es la inmediata toma de previsiones aprobadas en su última reunión, en Curitiba.

Nota de la Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil sobre la misión a la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte

La Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil compone el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue criado por medio de la ley 12.986, del 2 de junio de 2014. El CNDH, en abril de 2015, recibió del Movimiento de los Afectados por las Crecidas/MAB la denuncia sobre violaciones de Derechos Humanos que estarían sucediendo en las ciudades de Altamira/PA y Victoria de Xingu/PA en consecuencia de la instalación de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte.

También en relación a estas violaciones en estos municipios paraenses, el Ministerio Público Federal, en mayo de 2015, convidó al CNDH para participar de una inspección de violaciones a los derechos humanos, en especial en las poblaciones ribereñas, que ocurrió entre los días 1 y 3 de junio de 2015. En reunión ordinaria (14 y 15 de mayo de 2015) el CNDH deliberó, de forma urgente, la ida de una misión para validar la situación de la región. También fueron invitados miembros del GT Crecidas – GT Barragens- del CNDH para participar de la misión.

La Plataforma de Derechos Humanos acompañó la misión, la cual se dividió en cuatro grupos: tres acompañando la inspección realizada por el MPF; y el cuarto grupo, también con participación del CNDH, que hizo una agenda de visitas, audiencias públicas y la reunión con los movimientos sociales de la región afectada.

En la misión realizada fueron observadas las diversas formas de violaciones de derechos como:

1) Desagregación y ruptura de lazos familiares y de vecindad, en el proceso de remoción de las familias afectadas;

2) El incumplimiento de los condicionantes sociales e indígenas previstos en el Proyecto Básico Ambiental (PBA) por parte de Norte Energía, condición necesaria y obligatoria para la concesión de la Licencia de Operación, prevista para ser liberada en septiembre de 2015;

3) El bajo valor de indemnización pagado para las familias afectadas que, en la mayoría de las veces, fueron inducidas a aceptar tales indemnizaciones;

4) Las casas de los Reasentamientos Urbanos Colectivos (RUC`s) ya se están deteriorando y presentan diversas rajaduras (en menos de un año de ser habitadas), más allá del acceso precario al agua potable, saneamiento básico y a la red de cloacas;

5) La situación crítica de la Casa de la Salud Indígena/ CASAI que cuenta con una superpoblación (capacidad para 80 personas, sin embargo llega a recibir más de 300), además de no haber previsión para la construcción de la nueva sede de CASAI, a pesar de ser este uno de los concionantes que deberían ser cumplidos hasta septiembre del 2015;

6) Persecución y criminalización de movimientos sociales, así como de sus líderes sociales,

7) El asedio y la violencia por parte de los representantes de Norte Energía (Emprendedora) a moradores/as,

8) El no reconocimiento de la pauta de los empleados de fábricas de ladrillo así como de pescadores como categorías afectada por las obras de la UHE Belo Monte;

9) Aumento de la inseguridad en la ciudad, el crecimiento de la violencia;

10) Aumento de la población en la ciudad sin acompañamiento de políticas públicas;

11) El derecho a la información no ha sido garantizado para la población, inclusive moradores/as analfabetas/os han firmado documentos sin conocer su contenido y sin asistencia de testigos, los que los torna acuerdos nulos;

12) El proceso de remoción compulsiva no viene siguiendo al PBA;

13) Ausencia de transparencia de informaciones para las familias;

14) No ha sido garantizado el derecho de manutención del modo de vida conforme previsto por el PBA; El proceso no ha garantizado el derecho de opción para las familias;

15) El derecho de manutención del modo de vida de los pescadores. Los pescadores, inclusive ancianos, están siendo obligados a cambiar de profesión;

16) La remoción compulsiva rompe con el proceso de transmisión de conocimientos tradicionales;

17) Energía Norte ha promovido reuniones con indígenas sin la presencia de representantes de la FUNAI, lo que es ilegal y falta el respeto a los acuerdos previstos por el PBA;

18) El surgimiento de enfermedades entre las poblaciones indígenas, teniendo en consideración que en el inicio del proceso de instalación de la UHE Belo Monte, Norte Energía donaba cestas básicas para las familias conteniendo alimentos extraños a la cultura indígena, como gaseosas, galletas y pastas, causando, por ejemplo, diabetes.

Se constató que, más allá de las cuestiones indicadas arriba, el derecho constitucional a la vivienda digna ha sido sistemáticamente violado en este proceso de instalación de la UHE Belo Monte. La inflación del costo de vida, asociada a la ausencia de políticas públicas efectivas en los municipios de la región, ha colocado a la población en situación de extrema vulnerabilidad social, económica y política.

El Ministerio Público Federal divulgó, el 15 de junio de 2015, el testimonio parcial de inspección realizada, presentando un conjunto de 55 constataciones acerca de las violaciones que están sucediendo en la región. En su documento preliminar presenta al Gobierno Federal, el MPF recomienda la intervención urgente en el proceso para detener las demoliciones y violaciones de derechos de las poblaciones removidas.

Frente al grave cuadro de violación de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobó, en carácter de urgencia, en su última reunión ordinara (11 y 12 de junio de 2015) los siguientes acuerdos:

  • El CNDH realizará gestiones junto al Tribunal de Justicia de Pará y al Juez de la Comarca solicitando la suspensión de las medidas cautelares en acciones de reintegración de posesión que pueden llevar al despojo forzado de más de 2000 familias en Altamira y Victoria de Xingu. Accionar la Auditoria Agraria Nacional y la Secretaría General para incidencia directa en los casos de violaciones y remociones compulsivas.

  • El CNDH, en respuesta a la solicitud de MPF-PA, también, deliberó por el envío de Oficio al Ibama para que gestione junto a Norte Energía en el sentido de que sean suspendidas todas las remociones de los ribereños.

El relato final de la misión deberá ser presentado en la próxima reunión ordinaria del CNDH (23 y 24 de julio de 2015) donde constarán, más allá del relato de la misión, las violaciones de derechos de la población afectada ya constatadas, por incumplimiento del PBA, más allá de un conjunto de recomendaciones a ser atendidas con vistas a garantizar la protección de Derechos Humanos de la población afectada.

Lo que se espera en este momento del CNDH es la inmediata toma de previsiones aprobadas en su última reunión, en Curitiba.

Brasilia/Curitiba, 22 de junio de 2015.

Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil

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