Defender los derechos humanos y la democracia en Brasil: un imperativo del sistema internacional

El cuadro de descomposición del orden democrático en Brasil viene asumiendo aspectos alarmantes. La violenta represión a manifestaciones pacíficas de ciudadanos y ciudadanas que reclaman contra el gobierno ilegítimo e ilegal actualmente en el poder, hacen prever que puedan producirse pérdidas irreparables, en términos de vidas humanas.

La inexistencia de un sistema judicial capaz de contener estos excesos, bien como su clara omisión frente al proceso ilegal de apartamiento de la presidenta constitucional del Brasil, Dilma Rousseff, exigen del sistema internacional actitudes concretas, antes de que se pueda producir un aumento de la violencia del Estado más allá de lo tolerable.

La experiencia enseña que no puede haber actitudes ambiguas cuando se trata de defender la democracia y los derechos humanos. La OEA, las Naciones Unidas y Unasur deben actuar para proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Brasil que están siendo amenazados y amenazadas por un golpe de Estado a todas luces involucrado en la corrupción y el cercenamiento de los derechos humanos y sociales. En caso contrario, serán cómplices de lo que pueda ocurrir.

En el pasado, ha habido intervenciones de organismos internacionales en países cuyos procesos políticos y sociales afectaban intereses de los países hegemónicos, aún bajo pretextos nunca comprobados. Ahora el delito está claro.

Es un golpe de Estado. ¿Se van a omitir? ¿Van a esperar las muertes que ya se están anunciando? La historia los va a condenar. La conciencia humana también. Pero es posible evitar derramamientos de sangre. Demuestren al mundo que estamos en una nueva era, un tiempo de respeto a la democracia y los derechos humanos.

Hemos enviado varios mensajes via Twitter a estas organizaciones, sin que haya habido ninguna respuesta. Obviamente, la respuesta que esperamos, que la humanidad y los ciudadanos y ciudadanas de Brasil esperamos, son intervenciones efectivas para reconducir este país a la normalidad constitucional, el cese de la violencia institucional contra la población civil desarmada, y la adopción de medidas efectivas capaces de proteger la vida de las personas.